La práctica obligada de la pesca sin muerte en los tramos «libres» de los ríos trucheros se ha convertido en el caballo de batalla de un sector de pescadores y de algunos que, queriéndose erigir en interlocutores y salvadores de la actividad, únicamente están contribuyendo a deteriorarla más a través de su derrotismo, críticas negativas y opiniones, que no parece más que busquen crear confusión, descontento y, como consecuencia, abandono y deserción.

Que nadie piense que mi actitud es tan conformista que pienso que tenemos en nuestros ríos tantas truchas como había en los años 60 o 70 del pasado siglo. Tampoco apruebo las monstruosidades que se han cometido expropiando a los ríos sus cauces para polideportivos, paseos o selvicultura. Todo ello sin aplicar las medidas correctoras que demanda la legislación de impactos ambientales, para posteriormente quejarse de inundaciones. Tampoco se piense que me repele una trucha frita, pero con sus cautelas. Vamos pues, a intentar explicar la razón de esta medida.

En 1942 se promulgó la ley de pesca bajo cuyo mandato la mayoría comenzamos a pescar, en unas condiciones socioeconómicas muy lejanas de las actuales. Era una ley que buscaba evitar el aprovechamiento desordenado del recurso y de su texto trascendía que el pescador desarrollaba su actividad en gran parte para consumir sus capturas. He dicho la mayoría de nosotros y si no, miren entre los pescadores a ver si ven muchos por debajo de la treintena o acompañados de sus hijos menores. Posteriormente, en 1978, todos nos dimos una nueva norma de convivencia general, la Constitución. Con este acto pasamos de un Estado autoritario a otro de Derecho.

En uno de los primeros artículos, el 45, entre los derechos y deberes de los ciudadanos, se dice: «Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo». Vemos en ello que nuestro derecho conlleva cumplir un deber. En el siguiente párrafo manda a los poderes públicos que velen por la utilización racional de los recursos naturales. Finalmente, dicta que se establecerán sanciones penales y administrativas para los que violen estas normas.

En un artículo posterior, el 148, se hace el reparto de competencias entre las comunidades autónomas y el Estado central. Ha nacido el Estado de las Autonomías entre cuyas atribuciones está gestionar el medio ambiente natural.

Previamente a la aprobación de la Constitución, España buscaba abrirse con timidez al concierto medioambiental de la comunidad internacional al firmar el Convenio de Washington sobre el comercio de especies silvestres, también conocido por su acrónimo Cites. Ése que protege contra el comercio ilegal a tigres, ballenas, aves rapaces o elefantes. Además debíamos entrar en las Comunidades Europeas para no quedar apeados de la evolución de nuestro continente. Por esas razones firmamos más convenios, Bonn y Berna, y aceptamos e incorporamos la legislación comunitaria mediante nuestra adhesión a los tratados de la Unión.

Ya tenemos, pues, las tres fuentes básicas de nuestro Derecho Ambiental que el legislador nacional o autonómico debe acatar. La Constitución, los convenios internacionales y la normativa europea.

Como consecuencia surgió la primera ley del medio ambiente natural de la democracia, la 4/1989 de conservación de la naturaleza. Posteriormente, en 2007, se sustituye por la ley de Patrimonio natural y Biodiversidad. En ellas se determinan las especies cazables, pescables, comercializables y las catalogadas o más comúnmente conocidas como protegidas. Además ambas obligan de modo taxativo a que los recursos naturales se exploten únicamente después de haber realizado un estudio y un plan de ordenación del mismo. Por tanto las comunidades están obligadas a cumplir estas condiciones y principios al legislar, es decir, regular los derechos y deberes de sus ciudadanos.

La trucha, la perdiz o el haya son recursos naturales, por eso para su explotación precisan de planes de ordenación. Estos recursos tienen una característica diferencial. Son renovables, es decir, se reproducen y tienen descendencia. Otros recursos como el cobre o el petróleo no se reproducen, no son renovables y se administran de otro modo.

Nuestras truchas ponen unos ochocientos a mil huevos por kilo de peso. eso no garantiza que una hembra de un kilo nos produzca mil alevines, ni que todos esos lleguen, en dos o tres años, a tener entre 18 y 25 centímetros de longitud. Durante ese tiempo hay que evitar depredadores, entre ellos las propias truchas, saprolegnia, sequías, crecidas, contaminaciones de distinto tipo, e incluso, pescadores que merman la población. Por esas circunstancias, a nuestras truchas les cuesta mucho sobrepasar la edad de cinco años.

Al final del proceso podemos tener entre dos y seis descendientes viables que, a su vez, puedan frezar. De esta renta debemos extraer nuestras capturas, pero sin poner en peligro el capital reproductor, es decir, el número y peso de reproductores del que partíamos. Debemos pues tener en cuenta que una trucha es, desde el punto de vista medioambiental, un ser muy caro de obtener. Consecuentemente no lo debemos tratar como si únicamente fuera un trozo de carne barata.

Por eso, cuando se lleva a cabo un plan de ordenación de la pesca, se censa la población, se calcula la producción anual y como consecuencia la extracción que podemos realizar.

En un coto sabemos los peces que hay, los pescadores que acuden y las truchas que pescan. Lo único que hay que hacer es repartir la cosecha entre un número razonable de pescadores a los que podemos autorizar a entrar mediante un número limitado de permisos y capturas. Pero en el terreno libre nos faltan dos importantísimos factores de la ecuación: el número de pescadores y sus capturas. Pueden acudir tres o tres mil y pescar tres o tres mil truchas. No podemos, por lo tanto, garantizar la sostenibilidad de la población pescable.

Si no garantizamos esa sostenibilidad, nuestros conciudadanos españoles y europeos, incluso los que no pescan, nos pueden denunciar por incumplir las normas. Si la sentencia es que no las cumplimos, podemos ser condenados a no desarrollar nuestra actividad. Nuestro derecho de acudir libremente al río, del que muchos europeos no disfrutan, exige el deber de que no le saquemos más de lo que puede producir. Recuerden el art. 45 de la Constitución: «...así como el deber de conservarlo». Por eso, la única solución en lo libre es la pesca sin muerte. Lo demás son otras cuestiones.