Al comienzo de la pasada temporada entraba en vigor la nueva Ley de Pesca para Castilla y León. Había sido aprobada, tras una larga y encendida polémica, por las Cortes a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, presidida por el leonés Antonio Silván. La Ley que se derogaba, llamada de «Protección de los Ecosistemas Acuáticos y de la Pesca» no era muy antigua, había sido diseñada en la segunda legislatura autonómica siendo consejero otro leonés: Jaime González.

No entro a valorar la personalidad política de cada uno, pero sí su conocimiento de la materia: Silván, en el mejor de los casos, era un simple aficionado, mejor o peor aconsejado. Jaime, además de un gran aficionado a la pesca, era un buen conocedor del río y un especialista en pesca ‘a la leonesa’. Esto se dejó notar claramente en el espíritu de ambas leyes. La primera, como su nombre indica, pretendía proteger los ecosistemas acuáticos en primer lugar y también la pesca que depende básicamente del medio natural en que vive el pez, y su importancia social. La segunda y hoy en vigor regula únicamente la pesca como actividad económica y también deportiva.

Quien lea detenidamente ambos textos legislativos se da cuenta de la diferente filosofía que los sustenta. En el primer caso se trataba de mantener la actividad como social, dentro de la sostenibilidad, sin descuidar los aspectos económicos mientras que, en la segunda, se ve claramente un camino hacia la privatización de las aguas públicas. Si tienes dinero pescas y matas en los cotos, que previamente habían doblado su importe, y si no lo tienes pescas sin muerte o no pescas. Porque el tema de los AREC,s (Aguas de Régimen Especial Controlado) son una anécdota que, además, incumplen la Ley ya que, salvo contadas excepciones, están en tramos o de difícil acceso o con pocas truchas, cuando el aprovechamiento debería ser en aguas donde las poblaciones trucheras permitieran dicho aprovechamiento.

Vaya por delante mi respeto hacia los aficionados que practican la pesca sin muerte «captura y suelta», pero lo cierto es que, antes de la aplicación de la Ley, ya contaban con innumerables tramos, días y cotos específicamente para pescar sin muerte, incluso alargando la temporada para que pudiesen pescar a sus anchas en unos meses en los que se supone que las truchas deben estar tranquilas de forma previa a su fase reproductiva. No es objeto de este análisis defender las bondades o no del método de captura y suelta, que bien podría ser objeto de debate, simplemente no me resisto a reflejar un hecho que induce a la reflexión: hace un par de décadas se extraían de los ríos leoneses, que soportaban igual o mayor presión pesquera que ahora, miles de kilos de truchas y al año siguiente estaban recuperados. Ahora, incluso en los tramos sin muerte, la trucha languidece en número y tamaño. La explicación es muy simple: la calidad del agua y del ecosistema permitía una reproducción y una alimentación adecuada. El problema no es la pesca, sino la calidad del ecosistema, algo que no se contempla en la nueva Ley.

Estoy plenamente convencido de que Antonio Silván no pretendía causar los efectos devastadores que la nueva normativa ha supuesto, antes bien, seguro que buscaba un revulsivo económico para las depauperadas riberas y sus pueblos, pero la realidad es tozuda. En el aspecto social ha desalojado del río a la gran mayoría de pescadores ribereños, que no a los furtivos, más beneficiados si cabe. Y no solo a los ribereños, sino también a muchos aficionados urbanos, pescadores tradicionales. Basta con ver la caída en el número de licencias o visitar las desoladas riberas. En el aspecto económico, lejos de atraer turistas (León no es Alaska ni la Patagonia) ha desalojado a muchos leoneses que pescan ahora, tras el agravio comparativo, en las comunidades limítrofes. Y ¡Qué decir de la industria del gallo leonés y la artesanía del montaje, complemento económico de muchas familias!.

Pero nada es eterno y en mayo llegan elecciones. Ahora los partidos políticos pueden pescar en el río revuelto. Primero fue la Unión del Pueblo Leonés con su valiente defensa de la pesca tradicional en sede parlamentaria. Ahora es el Partido Socialista que promete derogar la Ley si llega al poder. En una sociedad cabreada y desideologizada basta un motivo cercano. Tan solo hace falta que los aparatos de propaganda sean capaces de hacer llegar el mensaje nítido. Veremos.