Los dineros de la pesca

Ya iba siendo hora de tocar este tema. Soy consciente de que es un asunto escabroso y que se presta a pocas adhesiones. Pero qué quieren que les diga, opino que ciertas cosas hay que tratarlas lo más abiertamente posible y sin ambigüedades. Y lo de la economía de la pesca es una de ellas.

Y no me refiero al volumen económico que conlleva la pesca en lo que se refiere a equipos que ha de adquirir el pescador, desplazamientos, alojamientos, puestos de trabajo directos e indirectos, etc; sino a algo más inmediato: lo que pagamos los pescadores por acceder a los tramos de pesca.

¿Y por qué sacar este asunto? Pues los que sigan esta sección quizás ya hayan leído en más de una ocasión ciertas posiciones de un servidor y esbozos al respecto. La pesca adolece de unos cuantos males y de ellos algunos probablemente se solucionarían con una adecuada dotación de medios humanos cualificados (técnicos y de vigilancia) y con una disponibilidad añadida de medios económicos para realizar labores de mejora y restauración del medio y para ayudar a poblaciones piscícolas en apuros. Por tanto, al fin y al cabo, dinero. Sí, señores: el prosaico dinero, el inevitable dinero.

La cuestión es que tal y como están los ríos y las poblaciones pescables, cuando se toca la posibilidad de que las licencias de pesca y los permisos en cotos de pesca suban de precio muchos se rasgan las vestiduras. Es frecuente que los pescadores nos vengamos “bolos” de muchos tramos, así que el plantear que el coste de acceso sea superior se convierte casi en un riesgo personal para el que lo menciona.

Ante los intentos habidos en España para subir algo los precios de acceso a la pesca los últimos responsables de la cosa, antes de decidirse, responden siempre preguntando cuánto cobran otras Comunidades Autónomas. Y como los precios andan parecidos en la mayoría de las regiones y arrancan de cuando la administración central llevaba estos asuntos, nadie quiere significarse para que le llamen “antipesca” o “antisocial” y nadie se mueve. Y claro los departamentos económicos de las autonomías, que son los que reparten la tarta presupuestaria, se fijan en los ingresos y si estos no suben, difícilmente se dejan convencer para soltar más dineros para la pesca y los ríos.

Si no hay más vigilancia que controle el furtivismo o que simplemente vigile los ríos para evitar agresiones al medio, pues cada vez habrá menos peces. Y esa es sólo una de las varias facetas del problema. Pero por algún lado hay que romper este círculo vicioso.

El asunto no es fácil. Ya lo apunté en cierta ocasión. La gestión de la pesca genera dos tipos de acciones. Por una parte las ligadas a la administración pura y dura de licencias, permisos, denuncias a pescadores infractores, estudios para la evaluación de cupos, tallas, épocas, cultivo de peces para repoblaciones, señalización de tramos etc, todo eso supone una dedicación de personal técnico, jurídico, administrativo, de mantenimiento de edificios, de vehículos, de piscifactorías, y la disponibilidad de personal de vigilancia (que ha de dedicar parte de su tiempo a la atención al pescador) y otras cuantas cosas más. Y eso por lógica lo deben pagar exclusivamente los pescadores. Y créanme que todo eso no lo cubre ni de lejos lo que los pescadores pagamos actualmente por las licencias, los permisos y por las sanciones de los infractores. Recientemente se daban a conocer las cuentas de una comunidad autónoma puntera en licencias de pesca continental. Los gastos realizados exclusivamente en inversiones (excluyendo los gastos corrientes en materia de sueldos de todo el personal dedicado a la pesca, mantenimiento de edificios administrativos y adquisición y mantenimiento de vehículos) superaban con creces a los ingresos provenientes de la expedición de licencias, de permisos para cotos y de las sanciones por infracciones en materia de pesca. El déficit era del 58% de la inversión. Casi nada. Imagínense, si a eso le sumamos todos los gastos corrientes. Y eso que es escaso el personal (técnico, administrativo y de vigilancia) dedicado a la pesca y, en general, escasamente dotado y formado.

Por otra parte hay otro bloque de gastos que entiendo lo deberíamos cubrir todos los ciudadanos (no exclusivamente los pescadores) a través de nuestros impuestos. Y esos gastos son los generados en estudiar, vigilar, defender y restaurar los ríos de las “gracias” que muchos hacen con ellos. Es decir, los no expresamente ligados a la administración de la pesca ni a la potenciación de las poblaciones pesqueras para el pescador.

Está claro que en ocasiones no es fácil deslindar estas cuestiones ni cuantificarlas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo habrá de dedicar un guarda a la pesca y los pescadores y cuánto a tutelar los ríos para evitar que sean agredidos por terceros?. No es fácil, pero se puede llegar a unas cifras razonables.

Lo que también está claro es que si desde las administraciones no se abordan estas cuestiones, la conservación de los ríos y otras masas de agua y, por tanto, la pesca irán a peor. Y buenas pruebas vamos teniendo de ello.

Luego no queda más remedio que empezar a evaluar qué medios deben ponerse a disposición de la gestión de la pesca y de la conservación de los ríos, para que los pescadores puedan llegar a estar satisfechos de poder practicar su afición con resultados aceptables y para que los ciudadanos en general estén conformes con el estado de conservación de los medios acuáticos.

Por el momento, la respuesta de las administraciones es que no se mueva nada en estos asuntos y que todo siga más o menos igual. Es decir, la política del avestruz. Y eso que hay grupos de técnicos que han solicitado que se emprendan estudios de evaluación de las necesidades técnicas y de medios para valorar el coste de gestión de la pesca y de la conservación para cada subcuenca. Pienso que el asunto tiene enjundia y llevaría algo de tiempo hacerlo, pero es técnicamente factible de realizar y además es imprescindible que se haga. Estoy seguro de que es posible evaluar cuantos guardas necesita una determinada subcuenca en función del número de kilómetros de ríos, de cotos, del número de pescadores, del furtivismo imperante, de las agresiones existentes (minicentrales, explotaciones industriales,...) y de las potenciales, etc. Y también es posible pronosticar cuantos técnicos se necesitan por provincia para llevar la pesca y la defensa de los ríos. Y estas cosas pueden hacerse planteando varios “escenarios” posibles: con una óptima dedicación, con una aceptable dedicación y con una dedicación mínima. Para que nadie diga que se pretenden imposibles y que se tira la casa por la ventana..

Luego podrían integrarse todas esas necesidades, evaluarlas económicamente y deslindar lo que les decía antes: qué parte han de cubrir los pescadores y qué parte la sociedad. Y a continuación los políticos que lideran las administraciones deberían tener la valentía de asumir esto y de explicar a los pescadores y al resto de la sociedad el porqué es necesario abordar cambios. Quizás piensan que para qué se van a meter en esos “charcos”, pero opino que se equivocan. Cada vez hay más pescadores conscientes de que la situación actual no nos lleva más que al colapso de los ríos y de la pesca. Y estoy seguro de que si se les explican estas realidades con datos y buenas razones estarían dispuestos a apuntalar económicamente el sostenimiento de una gestión de la pesca más racional y mejor dotada.

También es cierto que se ha generado una desconfianza entre los pescadores hacia las administraciones. Pues ven que cada vez se pesca menos, que se vigilan menos los ríos y que cada vez reciben esos ríos más palos, sin que aparentemente nadie haga nada por defenderlos. Por eso quizás el primer paso lo deben de dar las administraciones, evaluando las necesidades, deslindándolas (lo que es “pesca” y lo que es “conservación”) y anticipando en un inicio los dineros para su aplicación. Y dándose luego un plazo razonable (de entre tres y cinco años) para que las poblaciones pesqueras se recuperen y logrado por entonces un efecto demostrativo, llegaría el momento de apelar a los pescadores para que asumieran el mantenimiento económico de su afición.

Sería muy socorrido aducir en este momento lo que cuestan los permisos y licencias en otros países y en cuanto estiman en países como los Estados Unidos de Norteamérica lo que es el coste real de acceso a una jornada de pesca. Pero creo que ese en un argumento demasiado fácil de sacar y que puede ser relativizado en cuanto hablemos de la renta per cápita en cada país. Me parece más de peso el argumento basado en que hay que decidir qué pesca queremos y saber cuanto cuesta gestionar aquí -en nuestro país- la pesca que queremos. Así de fácil.

Emilio Roy