Promotores privados pretenden cuadruplicar la explotación de embalses con 44 más en la cuenca del Duero y 45 en la del Norte

La inexistencia de planes que regulen las cuencas propicia una cascada de peticiones

Vecinos de Vegas del Condado denuncian cómo la «rehabilitación» del viejo molino se ha ido transformando en una nueva minicentral con tuberías de dos metros en superficie y un mayor salto de caudal

Los estudios y datos que manejan dos departamentos distintos de la Universidad de León sostienen la teoría de que cualquier negocio vinculado a la explotación del turismo natural es más rentable para la población local que una central para el aprovechamiento hidroeléctrico de sus ríos

«Partimos de que una minicentral es agua pública explotada por una empresa» FRANCISCO PURROY, catedrático de Zoología La desprotección de los ríos por la inexitencia de planes hidrológicos en las cuencas del Duero y del Norte, actualmente en tramitación, está permitiendo la tramitación de multitud de solicitudes para crear nuevas explotaciones en los principales ríos leoneses, una actividad estancada durante los últimos tiempos cuyo resurgimiento es calificado como «asalto hidroeléctrico» por el profesor Pedro Brufao Curiel, uno de los máximos expertos de todo el país en Derecho del Agua y legislación sobre los recursos hídricos.

Según los datos facilitados por las confederaciones hidrográficas del Duero y del Norte, actualmente se encuentran en tramitación 89 nuevas minicentrales para el aprovechamiento hidroeléctrico, 45 de las cuales se proyectan en las comarcas del Bierzo y la Cabrera y el resto en los ríos que vierten al Duero. Según la misma fuente, en León operan ya 26 centrales, por lo que de aprobarse las concesiones solicitadas por los promotores privados la presencia de estos miniembalses se cuadriplicaría en la provincia leonesa.

Algunas de las minicentrales solicitadas pretenden ocupar los cauces mejor conservados de los ríos, caso del proyecto presentado para el río Alcantarilla, en San Emiliano. Otras no guardarían la distancia mínima recomendable entre minicentrales, como la de Matallana de Torío. Y muchas de ellas quieren levantarse en parajes de un alto valor ambiental y cultural, como la central del Puerto, junto a la ermita de Pruneda.

Para qué, por qué

Pero, ¿son necesarias? La respuesta parece estar en los datos proporcionados por Red Eléctrica Española. El país tiene una potencia eléctrica instalada de unos 59.000 megawatios, mientras que el récord de consumo (marzo del 2004) fue de 37.724 Mwh. Este exceso de capacidad productora se suma al hecho de que León exporta ya alrededor del 80% de la energía eléctrica que produce, la mayor parte de ella procedente de las grandes centrales ubicadas en los pantanos del Porma, Riaño, Luna y Bárcena. Exactamente, el 86,2% de los megawatios que se venden a la red salen de estos embalses, mientras que el resto procede de las minicentrales.

Partiendo de que no son esenciales, ¿entonces por qué son tan pretendidas? La clave está en que las ayudas por kilovatio que reciben estas empresas por parte de la Administración al ser calificadas como fuentes limpias o alternativas es el doble de la tarifa normal. Además, los titulares tienen garantizada la venta de toda su producción, puesto que las grandes eléctricas que se reparten el mercado están obligadas a comprar todo lo que se produzca.

Ecosistema en beneficio propio

Eso sin tener en cuenta que la mayor parte de ellas, si no todas, están levantadas sobre dominio público hidráulico, utilizando un ecosistema en beneficio propio. «Es como vender pipas a la salida de un colegio, en el que todos los alumnos están obligados a comprarlas y al precio que yo diga», resume Pedro Brufao Curiel, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Extremadura y presidente de la asociación Ríos con vida (www.riosconvida.es). Desde su punto de vista, los ríos leoneses «están sobreexplotados» y existen argumentos suficientes para que las confederaciones no admitan ni una concesión más, sobre todo si se tiene en cuenta que la provincia ya está salpicada por centrales hidroeléctricas de gran envergadura y situadas además en cauces altos.

Toda nueva concesión, en opinión del experto, vulnera la directiva comunitaria de Aves, la Directiva de Hábitats y la Directiva Marco del Agua de la Unión Europa, que se aplican desde 1979, 1992 y el 2000 y en las que se contempla el denominado principio de no deterioro ambiental.

«Es una obligación jurídica», resalta Brufao Curiel. Obligación que, de momento, no se cumple a la vista de la multitud de concesiones que se pretenden. Los «poderosos intereses económicos» que conllevan son, según él, los motivos que están llevando a muchos empresarios a practicar «una insubordinación hidráulica» contra el Estado.

«Los proyectos contemplan compensaciones a los pueblos, pero la 'letra pequeña' las condiciona», JULIO LAGO RODRÍGUEZ, doctor en Ciencias Económicas.


La muralla del Porma

El clamor popular contra la construcción de nuevas minicentrales tiene su paradigma en Vegas del Condado, cuyos vecinos han creado una asociación para denunciar en diversas administraciones su indefensión ante la construcción de una nueva minicentral hidroeléctrica en el río Porma, cuyo proyecto fue tramitado ante la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) como la rehabilitación y la ampliación del caudal de la central de El Soto, un viejo molino cuya concesión databa de 1914.

Se da la circunstancia de que las rehabilitaciones están exentas del trámite de evaluación de impacto ambiental. La promotora resalta este hecho en su proyecto, argumento al que añade que la minicentral «no está ubicada en una zona de sensibilidad ecológica, además de que las tuberías de conducción del agua -tienen 2,2 metros de diámetro- están enterradas y aminoran aún más el posible impacto».

Los vecinos agrupados en torno a la Asociación La Medina de Vegas del Condado han puesto en marcha todos los mecanismos legales posibles y han dirigido escritos a la CHD, al Ayuntamiento de Vegas del Condado y al Ministerio de Medio Ambiente solicitando la paralización inmediata de las obras, reivindicación desoída hasta ahora.

La asociación encargó un informe pericial sobre la evolución que ha seguido el proyecto. Este estudio realizado por un ingeniero agrónomo, acompañado de un amplio informe gráfico, detecta varios incumplimientos en las obras ya realizadas respecto al proyecto inicial, por lo que concluye que «es claro que hay que realizar una evaluación de impacto medioambiental».

Según los datos obtenidos durante el estudio, las obras ejectuadas «no cumplen con el espíritu del proyecto». La ley que exige la evaluación de impacto ambiental no es de aplicación para los proyectos de reparación relativos a actividades ya existentes, pero en este caso «no se cumple» puesto que la obra se sale del trazado original de la presa y se construyen nuevas cámaras de carga y la tubina.

Según este mismo informe, las variaciones de caudal y salto obligan a revisar la licencia de actividad con la que contaba el viejo molino, además de que los terrenos donde se realizan los trabajos no previstos están en suelo no urbanizable de especial protección agropecuaria, con todo lo que ello implica.

Una barrera de dos metros

Se advierte en este estudio que los canales levantados sobre la superficie (2,2 metros) pueden provocar un efecto barrera y crear inundaciones en el pueblo. Eso sin contar que «hay unas claras obras de drenaje, de que se han realizado viales que no estaban proyectados y desmontes para crear el azud». Además, los dos molinos existentes tenían licencias separadas: una para la concesión del agua y otra para la producción eléctrica.


Un negocio vinculado al ecoturismo es más rentable para los pueblos que una central

«Partimos de que una minicentral es agua pública explotada por una empresa privada, por lo que el beneficio sólo repercute en el promotor, no sobre el terreno. Además que estas minicentrales están automatizadas y en ocasiones no requieren más que un operario para el mantenimiento», aseguró el catedrático de Zoología Francisco Purroy.

El ejemplo que establece es el de Posada de Valdeón. La principal industria del valle es la central hidroeléctrica construida antes de que fuese constituido el parque nacional. Pese a que es la empresa que más beneficios genera, en ningún caso revierten sobre los pueblos de este enclave de Picos de Europa. Este caso es sólo un ejemplo de lo que ocurre en la treintena de poblaciones leonesas donde han sido levantados miniembalses que en su día se presentaron como una alternativa al desempleo.

El doctor en Ciencias Económicas Julio Lago Rodríguez desveló que la mayor parte de los proyectos que ha conocido contemplan una compensación para los pueblos, pero la «letra pequeña» condiciona estas bonificaciones a unos caudales y a una producción mínima que finalmente convierten esos rendimientos en algo prácticamente testimonial.

Lago Rodríguez recordó que «la saturación de los ríos y la aportación de energía de León a la red» -el superávit eléctrico inyecta en la red el 80% de lo que se produce- son elementos suficientes para desestimar nuevas minicentrales en la provincia. «Es más interesante captar otro tipo de proyectos», concluyó.


El rechazo social provoca la creación de numerosas plataformas

La contestación social contra los nuevos proyectos de miniembalses para el aprovechamiento hidroeléctrico renace en la provincia leonesa. Vecinos, asociaciones de pescadores y grupos ecologistas están respondiendo a las nuevas minicentrales con una silenciosa oposición a través de la vía administrativa. Según los datos que ha podido recabar este periódico, plataformas de todo tipo luchan contra el nuevo mapa hidroeléctrico que se dibuja en Vegas del Condado, Cerulleda (Valdelugueros), San Emiliano, Pola de Gordón, Matallana de Torío, Getino -dentro del coto de Felmín- y Rabanal de Luna -en el entorno de la ermita de Pruneda-.

Asociaciones como Ríos con vida han presentado alegaciones a los proyectos más agresivos. Uno de los más flagrantes es el proyecto pensado para el río Luna a su paso por el valle San Emiliano, catalogado como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves, dentro de la Red natura 2000. Las aguas de este tramo fluvial son de excelente calidad y son de las pocas que mantienen una población autóctona de trucha genéticamente pura. El efecto barrera que se prevé con su construcción aunque está proyectado no aparece en los planos, además de que el plan continúa con el criterio de los caudales ecológicos.


El futuro de la gestión está en el campo

Los ríos se mueren como fuente científica. Sólo el 5% de los cauces se encuentran en un estado lo suficientemente puro como para servir de base de estudio a los científicos, según recuerda el profesor de la Universidad de Extremadura Pedro Brufao Curiel, autor de numerosos análisis sobre las cuencas fluviales leonesas y presidente del colectivo Ríos con vida.

Uno de los factores que, según defiende, más ha degradado los ríos es la sucesión de minicentrales hidroeléctricas que para su construcción requieren la tala de bosques de ribera y la canalización y el drenaje de los cauces. Desde el punto de vista ambiental se produce una destrucción del hábitat fluvial y el flujo natural de las aguas pasa a estar condicionado por las turbinas.

Conservar y ganar

Desde la óptica conservacionista, el ejemplo de una buena práctica en el aprovechamiento hidroeléctrico se encuentra en el Alto Aragón, cuyos regantes han promovido la instalación de las centrales en los canales de riego, evitando el impacto sobre el medio ambiente y obteniendo íntegramente todos los beneficios económicos que aporta la venta de la electricidad a la red.

Empiezan las demoliciones

Brufao Curiel no ve como un hecho remoto el que se empiecen a demoler con fines ambientales centrales hidroeléctricas ya construidas, como ocurre en Francia y en Estados Unidos. Muchas de éstas son demolidas por los propios promotores.

«Un río da más beneficios por el turismo que por una minicentral», argumenta el profesor de Derecho para explicar que el medio natural aporta más renta y empleo que una minicentral automatizada. Pone los casos de Huesca, Asturias y Granada como ejemplo de unos ríos vivos, protegidos y con perspectivas de futuro.